El sinuoso camino de la Ley de Telecomunicaciones.

Por Pablo González

@plasticgallery

Producto del “Pacto por México”, la Reforma Constitucional a la Ley Federal de Telecomunicaciones fue uno de los grandes logros de la criticada y efímera alianza entre los tres partidos más importantes de México (PRI, PAN y PRD). Quizá una de las que generó menos polémica, (al principio), y que todos los grupos respaldaron (al principio). Llegó con la bandera de la tan anhelada democratización de los medios de comunicación y la eliminación de los monopolios, además con la promesa de la creación de dos cadenas de televisión abierta. Muchos empresarios se frotaron las manos.

Hoy la reforma atraviesa caminos sinuosos con la discusión de las Leyes Secundarias, es decir, lo que en verdad importa. Existen factores clave para entender lo que cambiaría la Ley de Telecomunicaciones o Telcos:

La creación del IFT, o el Instituto Federal de Comunicaciones, organismo que se creó, a raíz de la Reforma Constitucional del año pasado. La discusión se centra en las facultades que tendrá este nuevo organismo. En teoría, se pretende que el IFT sea totalmente autónomo, sin embargo, en la cámara y entre especialistas en legislación en Telecomunicaciones se discute si la independencia será independiente o estará bajo la supervisión de la Secretaría de Gobernación. En estos momentos, las facultades del flamante IFT, se están poniendo a prueba, con la demanda que enfrenta Telmex y Dish, por la presunta declaración de preponderancia, donde se acusa a la telefónica propiedad de Carlos Slim y a la compañía de televisión satelital, de tener una mayor relación que la de cobranza como argumenta Telmex. Si se comprueba dicha relación, Telmex podría enfrentar sanciones que podrían implicar la cancelación de la concesión. No ocurrirá.

La preponderancia, es decir, según la iniciativa presidencial, un actor será preponderante cuando tenga control de más del 50 por ciento del mercado en radiodifusión (radio y televisión) o en telecomunicaciones (telefonía).  Sin embargo, actores políticos han señalado que la ley ha sido desigual en la denominación si una empresa es “preponderante” o no. Beneficiando a las empresas de radiodifución y perjudicando a las de telecomunicaciones. Para ser claros, beneficiando a las empresas de Grupo Televisa y perjudicando a América Móvil. “La iniciativa es contraria a la Reforma Constitucional en varias de sus disposiciones más relevantes e ignora varios mandatos reglamentarios. Presenta un desequilibrio regulatorio entre radiodifusión y telecomunicaciones, que favorece indiscutiblemente a las televisoras” declarón el senador panista Javier Corral, uno de los mayores detractores de la Ley de Telecomunicaciones.

El apagón analógico, o trancisión a la emisión digial, establece que las señales de televisión analógicas deberán terminar a más tardar el 31 de diciembre de 2015 para dar paso a la tv digital. Dicha transición no ha sido reglamentada y prueba de ello es la contínuapostergación del apagón analógico en distintos estados de la república.

Medios públicos-privados,  la Ley de Telecomunicaciones plantea que los medios públicos además de recibir un presupuesto federal, puedan también financiarse y adquirir recursos mediante la venta de espacios publicitarios –prohibidos hasta la fecha- lo que generaría, de acuerdo a las radiodifusoras privadas, una competencia desleal, generando un esquema, al mismo tiempo público y privado. Ya que estas radiodifusoras públicas con ingresos privados, podrían ofertar pautas a un menor costo, sin sacrificar sus ingresos. Sacrificando el contenido, y la intención los medios públicos. El sistma mixto, podría eliminar lo que hoy conocemos como radio y tv pública, es decir, se dejaría abierto el camino para la privatización de los medios de comunicación.

El control de Gobernación, la iniciativa presidencial plantea crear el Sistema Público de Radiodifusión de México, que sería el responsable de vigilar y promover el desarrollo de los medios públicos. El organismo estaría bajo control de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, lo que para muchos grupos sociales equivale a dar poder al Gobierno Federal de censurar los contenidos en los medios públicos.

La censura del Internet,  uno de los puntos de la Ley de Telecomunicaciones que más ha generado polémica en ONG’s y redes sociales es la factultad que tendría el Gobierno Federal para bloquear las señales de telecomunicaciones, en casos de seguridad nacional, es decir, bloquear las señales cuando exista elementos que, para el Estado, impliquen un riesgo y atenten contra la seguridad. Evidentemente, las protestas en los medios digitales fuero gigantescas. Al grado de que meses atrás, por presión de los medios que se buscaban censurar, se dio marcha atrás a dicha propuesta presidencial. Por fortuna.

La geolocalización de equipos, la Ley de Telecomunciaciones prevé que el Gobierno Federal, pueda pedir a un concesionario de telefonía celular ubicar en tiempo real un aparato ligado a delitos como delincuencia organizada, narcotráfico o secuestro. El problema se plantea a la discrecionaldiad de las peticiones del Gobierno Federal, al intentar intervenir los equipos de indiviuos que pudieran resultar incómodos para el gobierno. Actualmente, a la par, se libra un debate similar en Estados Unidos, con las facultades de la NSA o National Securuty Agency para realizar “interveciones telefónicas” en casos de Seguridad Nacional. Situación que ha preocupado a organizaciones por los derechos humanos en todo el mundo.

Estos temas estarán en discusión en los próximos días en el Senado de la República y es de gran importancia que, como consumidores de medios de comunicación, estemos pendientes de la evolución de estos temas. Al parecer, la panacea planteada en un principio por el Presidente de la República, terminó por derrumbarse al presentar las leyes secundarias de la iniciativa.

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