De la vida electoral.

Por Esteban Tovar

Foto por Rufino

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española[1] define la palabra vedar, como la acción de prohibir por ley, estatuto o mandato. Asimismo, se reconoce que cuando alguna instancia aplica o lleva a cabo dicho verbo, entonces, también impide, estorba o dificulta el trabajo de alguna instancia. Bajo este contexto, no sorprende que la veda electoral por la que atraviesa el proceso de renovación del Ejecutivo y Legislativo sea vista por los partidos políticos y ciertos analistas, por su puesto no públicamente, como una obligación que atenta contra el ejercicio democrático y donde el costo de oportunidad de “aplicar, mediaticamente hablando, el freno de mano” es relativamente alto en términos de votos.

Diódoro Carrasco, ex Secretario de Gobernación, en su columna de Milenio Diario titulada “¿Qué hacer con la veda electoral?” publicado el pasado 23 de febrero, detalla en buena medida lo que se puede o no hacer durante este periodo, el cual termina a finales de marzo. De acuerdo con el también ex Gobernador de Oaxaca, quien parafrasea al Consejo General del Instituto Federal Electoral, esta veda “había sido concebida bajo dos premisas: la primera, evitar una exposición desigual en los medios de comunicación que sesgara la contienda electoral; y, la segunda, responder a la demanda social de campañas electorales más cortas y menos costosas”. Asimismo, este político oaxaqueño recuerda que éste “no es un periodo para la competencia comercial, y sí, uno para: a) registrar las plataformas electorales de los partidos, b) resolver las posibles controversias internas de los partidos políticos y las coaliciones electorales en relación con sus candidaturas, c) fiscalizar los recursos invertidos en las precampañas, d) abstenerse de realizar actos anticipados de campaña como reuniones públicas, asambleas y marchas, estableció el IFE”. En pocas palabras, sacrifica la libertad de expresión de los aún precandidatos, en un intento de igualar condiciones en el plano visible, y traslada, el enfrentamiento electoral al terreno de lo no-regulado, en donde las campañas negativas siguen existiendo y la opacidad domina el espectro político. Y, es culpa de las instancias electorales, si no la de la legislación que tiene por obligación cumplir y que fue creada en 2007-2008.

En ese sentido, las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE),  que es el marco normativo al que se adhieren todas las dependencias, organizaciones y partidos políticos en material electoral, están siendo puestas a prueba por primera ocasión desde su formulación Desde mi punto de vista, estas reformas fueron realizadas al calor de una elección muy competida y, para algunos, con señales evidentes de irregularidades, por lo que mucho del contendido obedece al temperamento de aquella coyuntura caracterizada por la bipolaridad y el enojo de una elección cerrada y competitiva. Éstas, son el intento de ganadores y perdedores, que se reconocen como necesarios en el sistema político, para evitar que cualquier jugador salga del arreglo institucional e impedir que alguien “de fuera” los pueda llegar a desestabilizar y enfrentar al grado visto en la elección de 2006.

La sobre-regulación que el IFE esta obligado a implementar tiene un efecto negativo sobre esta institución, quien ha sido calificada como la culpable de cuartear la libertad de expresión y frenar la contienda electoral; cuando el Poder Legislativo aparece como el principal responsable. El hecho de que sean los mismos partidos políticos quienes critiquen de sobremanera estas reformas las cuales fueron promovidas/votadas por ellos mismos, refleja la poca coherencia que las fuerzas políticas tienen en sus plataformas, las cuales obedecen más a impulsos de quien esté al frente de su cúpula directiva, en lugar de una agenda establecida que defina el carácter y posición del partido ante temas controversiales. Faltan ideas que trasciendan a las personas.

Asimismo, hemos sido testigos que, tomando como referencia el conflicto post electoral de 2006 que dividió al país, las modificaciones presentadas tienen cierto sentido; pero dicho marco normativo se encuentra ya desactualizado dado el nuevo paradigma de las redes sociales, apostando por un férreo control de antiguos medios de divulgación dejado huecos importantes en otras áreas. Si bien es cierto que la expansión que este tipo de medios ahora tiene no fue contemplado, si ha existido tiempo suficiente para entonces observar y enfrentar los retos que estas plataformas presentan, y no en el sentido de extender la censura que observamos para con otros medios, como radio y televisión, sino como una advertencia de que cualquier política que por el público sea entendida como freno a la libertad de expresión siempre será repudiada, en ese sentido, siempre existirán elementos para superar las trabas promovidas a este derecho fundamental.

Les puedo vaticinar que los más probable sea que al terminar este proceso electoral, seamos testigos de nuevas modificaciones a la normatividad electoral vigente, seguramente y amanera de contra-reacción ante las limitaciones actuales, se de un giro hacia una legislación más permisiva en término de libertades en campañas en medios electrónicos y una “cerrazón” en un inicio a las redes sociales.


[1] Extraído del portal de Internet de Real Academia de la Lengua Española:  http://buscon.rae.es/draeI/  ; consultado en febrero 2012.

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